La nueva Ley de la Vivienda publicada en el BOE el pasado 24 de Mayo, obliga a grandes tenedores cinco meses antes de instar una demanda de desahucio, a conciliar y mediar la permanencia en la vivienda de personas y familias vulnerables en base a unos parámetros establecidos por la Administración Pública competente en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.

IMASS ofrece un servicio de reporte, asesoramiento e informes ocupacionales en contacto directo con los moradores de las viviendas, con el fin de buscar una solución que beneficie a ambas partes, ya sea para permanecer en la vivienda u ofrecer una alternativa habitacional, recuperando así la posesión del activo. Ninguna demanda será admitida a trámite si no se acredita este proceso mediador con los ocupantes.

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